“Estamos en shock por las últimas declaraciones que comprometen a funcionarios del poder judicial, en donde también representantes del órgano legislativo están involucrados en ese conjunto de anomalías”, aseguró hoy el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en el foro internacional “Compartiendo experiencias: Chile y Colombia en materia de probidad y transparencia”.

Sobre las recientes denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción en las altas cortes, el jefe del Ministerio Público afirmó que frente a este flagelo en Colombia “estábamos esperando que ya hubiéramos tocado fondo, pero parece que no. Parece que el tema se sigue agudizando y que la capacidad institucional de respuesta del Estado es insuficiente”.

Carrillo Flórez dijo no es la primera vez que Colombia ha sido azotada por el crimen organizado, el paramilitarismo, las bandas criminales y las formas como trataron de infiltrar al Estado en los años 90, pero a pesar de todas las dificultades, “las instituciones se han levantado con respuestas contundentes” y han sido capaces de solucionar las pruebas que la historia les ha puesto.

El jefe del Ministerio Público aseguró que lo que está viendo actualmente el país en materia de corrupción “es indiscutiblemente crimen organizado que tiene carácter internacional”, y señaló que para solventar esta crisis “no es el momento de inventarse soluciones por fuera de las instituciones”.

Manifestó que tanto la Corte Suprema de Justicia, en relación con los procesos contra los parlamentarios, como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tienen “la grandísima responsabilidad histórica” de llevar a cabo todas las investigaciones y advirtió que si van a ser inferiores a este compromiso, se deben tomar otras decisiones.

No obstante, indicó: “no comparto de ninguna manera acudir a aventuras constituyentes en estos momentos de polarización y radicalización que vive el país (…) No sabría qué podría salir de una constituyente, y eso es dramático. Es una incertidumbre que debe llamar la atención y nos debe poner a pensar sobre cuáles deben ser las soluciones institucionales a esta crisis”.

Expresó que la experiencia chilena le puede servir de lección a Colombia para vencer “ese maridaje patológico entre la política y el dinero, y del mercado bursátil entre los votos, los pesos y los contratos”.

Reiteró la importancia de abrir el debate sobre el financiamiento completo de las campañas, porque no gratuitamente los grandes escándalos en los últimos meses, han tenido que ver con este tema y con el “flujo funesto de dineros que han venido del exterior, de multinacionales del soborno, y que se convirtieron en fuente de las acciones de los partidos políticos en Colombia”.

Así mismo, insistió en que otro tema pendiente para el país es abordar la discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Rechazó que los representantes de Odebrecht se paseen por Colombia exigiendo que les mantengan los contratos que obtuvieron gracias a los sobornos.

“Siguen convencidos que pueden derivar beneficios de su acción corporativa como si no hubiera pasado nada. Después de haber vulnerado el patrimonio y violentado el interés público de los colombianos, quieren seguir tan campantes haciendo negocios por toda la región latinoamericana”.

El Procurador General denunció que la justicia brasilera les ha pedido a todos los fiscales y procuradores de la región, que persigan a los funcionarios públicos y traten de espiar sus pecados, pero que dejen quieta a la empresa.

“Uno no puede admitir que independientemente de las confesiones y la colaboración con la justicia, que, entre otras cosas, ha sido bastante insuficiente, porque es muy poco lo que nos han entregado como elementos de juicio para llegar hasta las últimas consecuencias en la persecución de todos los delitos que cometieron en Colombia, es muy importante que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas y ese debate lo tenemos que dar”.

Finalmente, advirtió que la Entidad adelanta acciones contra los representantes de la multinacional que van encaminadas a quitarle a Odebrecht la posibilidad de volver a hacer negocios en Colombia, porque obtuvieron anticipos del presupuesto nacional y manejaron recursos públicos irregularmente.